miércoles, 30 de septiembre de 2009

Mantienen la pena de muerte para los homosexuales

Ser homosexual está castigado con la muerte -al menos en teoría- en Mauritania, Arabia Saudí, Sudán, Irán y Yemen. Y también en el norte islamista de Nigeria y Somalia. Esta es la conclusión más tenebrosa del último mapa sobre los derechos de lesbianas y gays en el mundo que ha hecho la federación internacional ILGA. Además, otros 72 países criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A esta cifra habría que añadir las regiones, entidades o estados autónomos que lo hacen. El último, denunciado esta semana por Amnistía Internacional, el de Aceh en Indonesia, donde tener relaciones homosexuales puede suponer recibir 100 latigazos.

Pero en el mapa empieza a haber una presencia cada vez mayor del verde o el azul, países que reconocen la máxima igualdad legal (entendida como lo que se llama matrimonio gay -aunque la Real Academia Española, no reconozca aún esta acepción de la palabra- o leyes de pareja que sin llamarse así confieren los mismos derechos). España, Bélgica, Holanda, Canadá, Suráfrica, Noruega y Suecia forman el grupo de los países más avanzados. A ellos hay que unir hasta otros 16 que confieren la máxima protección a los ciudadanos homosexuales (como Colombia y Uruguay, con sendas leyes de parejas de hecho), y otros 29 países que tienen legislaciones antidiscriminación específicas.

La lista de estos 55 (los que permiten las uniones o tienen leyes antidiscriminación) coincide casi exactamente con los 66 que votaron el pasado diciembre en la ONU a favor de una iniciativa para que no se criminalizara a gays y lesbianas.

La semana pasada las autoridades de Serbia decidieron suspender la celebración del Orgullo Gay porque eran incapaces de garantizar la seguridad de los manifestantes (que se negaron a hacer a cambio una fiesta en un lugar privado).

También la semana pasada el Parlamento Europeo tuvo que discutir sobre homofobia. En concreto, votó una propuesta en la que se pedía a Lituania que retirara una ley en la que, con la excusa de proteger a los menores, se castigaba con cárcel a quienes hablaran en clase de la homosexualidad como una orientación más.

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